A pocos meses de nuevas elecciones, las pullas y acusaciones mutuas entre los posibles candidatos presidenciales han desplazado a las propuestas que espera la población sobre cómo erradicar la corrupción instalada en las estructuras del Estado.   

Pero ¿Qué mensaje cargado de convicción podría escuchar sobre lucha contra la corrupción de boca de Alejandro Toledo, Alan García, Keiko Fujimori, Ollanta Humala o Nadine Heredia, en estos momentos?

Peor aún ¿Qué objetividad, imparcialidad y transparencia podría esperar de comisiones investigadoras con bancadas congresales que actúan bajo una vergonzosa sumisión y en complicidad con los líderes de sus respectivos partidos políticos, postergando además, de manera reiterada y escandalosa, toda posibilidad de poner en agenda la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o la inhabilitación perpetua para funcionarios públicos que incurren en hechos corruptos?

Estas medidas, que podrían ayudar a frenar este cáncer moral, que ha mermado fuerzas al Estado y ha hecho metástasis en sus órganos de fiscalización y administración de justicia, están comprendidas en la respuesta concreta que espera el elector de la clase política en general: Una efectiva asepsia moral en el Estado, con drásticas reglas y castigos ejemplares, porque no le basta ver que solo unos cuantos corruptos vayan a la cárcel y que el problema subsista.

El clímax de la indignación del elector se manifiesta cuando observa en la vitrina electoral a ex autoridades postulando a cargos en los que, cuando los ejercieron, decepcionaron, dilapidaron recursos o simplemente cayeron tentados por los tentáculos de la corrupción. Esta molestosa sensación se agudiza cuando nota que detrás de los ocasionales y cuestionados candidatos hay un millonario financiamiento y un despliegue de logística que hace sospechar la presencia de otros intereses totalmente diferentes y ajenos al suyo.

En el caso de Ancash, nuestro gobierno regional ha quedado maniatado por la merma en la inyección de recursos por el canon minero. No agudicemos el drama, en las elecciones presidenciales y congresales del 2016, al elegir a candidatos que solo buscan satisfacer a intereses que soterradamente los financian, aprovechándose de una ineficiente Ley de partidos políticos que les otorga muchas ventajas, y de un proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción e inhabilitación perpetua de funcionarios que incurren en hechos corruptos, que constantemente es dejado de lado en el Congreso de la República.

Exijamos su aprobación. Muerto el perro, se acabó la rabia.