Rodolfo Orellana Rengifo cayó con todo su imperio de la ilegalidad, la impunidad y el miedo. Las incontenibles denuncias en su contra lo marcaron en la agenda mediática y le fue imposible esconder su poderosa red mafiosa que había tejido a nivel nacional. 

A pesar que no han quedado en evidencia la totalidad de personajes que le brindaron impunidad o simplemente encubrieron sus ilícitas actividades, casi todo el país ha bebido el sorbo amargo de descubrir en el Poder Judicial y Ministerio Público a los principales engranajes de esta maquinaria corrupta que se echó a andar en nuestro país. El blindaje y presión política son, aún hasta la fecha, los infames encargos que reciben y cumplen viles congresistas confiados en su espíritu de cuerpo y en su principio escandaloso de que “otorongo no come otorongo”.

Aún a pesar de toda esa sólida estructura y blindaje al servicio de su organización criminal, cayó Orellana, encendiendo una pequeña luz de esperanza que la población ancashina confía en que se avive a nivel nacional. Esto se colige de los recientes fallos, inesperados pero gratos, que sacó de circulación al fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, metido hasta el cuello en las actividades corruptas que dejaron sangre, violencia y luto en todo Ancash, y la reciente sentencia a 7 años de prisión efectiva a Victoria Espinoza, aunque suspendida y supeditada a la confirmación en segunda instancia, pero que deja un mensaje alentador a una población que quiere volver a confiar en la justicia.

Para que esa pequeña luz no se extinga y, por el contrario, se avive, es necesario endurecer acciones contra quienes convirtieron en vulgar negocio el noble encargo de administrar justicia en Ancash. Me refiero al exfiscal superior decano del Santa Dante Farro y a la exjueza Liliana Otero, elementos inocultables de la etapa negra de la corrupción vivida en Ancash, y cuya participación en la red tejida por Rodolfo Orellana Rengifo es más que evidente.

¿Acaso no fue Farro quien influenció con su informe para que fueran injustamente separados cuatro valientes fiscales que se enfrentaron al poder de César Álvarez y se atrevieron a allanar La Centralita? ¿No ha quedado más que probado que Liliana Otero, siendo jueza del Cuarto Juzgado Civil del Santa en el 2010, otorgó una medida cautelar a favor de COOPEX, ligada a Rodolfo Orellana, para que las cartas fianzas que emitía tuvieran efecto legal a pesar de no contar con el respaldo obligatorio de la Superintendencia de Banca y Seguros?

Que no se apague esa lucecita, necesitamos seguir confiando en nuestra justicia.